Este documento introduce un cambio fundamental en la medición de la igualdad de género con la metodología 2.0, la cual ya no se limita a evaluar si existen leyes igualitarias (de jure), sino que examina si existen los marcos de apoyo (presupuestos, instituciones, inspecciones) para aplicarlas realmente (de facto) y consulta a expertos sobre los resultados prácticos. El hallazgo central es una alarmante brecha de implementación: mientras que las leyes otorgan a las mujeres en promedio un 64,2% de los derechos de los hombres, los mecanismos para hacer cumplir esas leyes solo alcanzan un 39,5%,. Esta desconexión es crítica en los dos nuevos indicadores introducidos, Seguridad y Cuidado infantil, que presentan las puntuaciones más bajas y revelan que la mayoría de las mujeres carecen de protección legal contra la violencia y de servicios de cuidado que les permitan trabajar.